Un millón de pesos pagaban por los ‘falsos positivos’ de Soacha: así se planearon los asesinatos en el Catatumbo

Esta semana la JEP imputó por desaparición y homicidio en persona protegida a varios miembros de dos unidades militares de Norte de Santander por asesinar a jóvenes inocentes que traían, incluso, desde otros municipios del país para evitar sospechas.

Tras la imputación de cargos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 10 exmilitares del Ejército y un civil por ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento explicó punto por punto cómo se dio uno de los casos más conocidos en el país en el marco de lo que el mismo Tribunal de Paz calificó como crimen de lesa humanidad: los jóvenes de Soacha (Cundinamarca).

La estrategia de asesinar a civiles inocentes de Soacha, Bogotá, Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander), se dio como una estrategia criminal alterna por parte de miembros del Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” (BISAN) y de la Brigada Móvil No. 15 que operaba en Ocaña debido a que los habitantes del Catatumbo (Norte de Santander) empezaron a denunciar que militares de estas unidades estaban haciendo pasar a sus vecinos, amigos y conocidos como guerrilleros muertos en combate.

Esta nueva modalidad empezó a ejecutarse desde el 6 de diciembre de 2007 y se extendió hasta el 25 de agosto de 2008, pero el BISAN y la Brigada 15 ya llevaban todo un año asesinando inocentes en el Catatumbo, exactamente desde enero de 2007. Pero para ese día de diciembre, la comunidad citó una reunión en la que denunciaron que sus conocidos y familiares estaban siendo asesinados.

De esa diligencia participó incluso Paulino Coronado Gámez (uno de los imputados por la JEP), quien era comandante de la Brigada 30 del Ejército para ese entonces, pero ese día y a pesar de conocer que era verdad lo que denunciaban los pobladores, no dio una respuesta clara y dijo que elevaría los señalamientos a sus superiores. Tres días después se dirigió a todas las unidades de la Brigada 30 diciendo que “bandidos” los querían incriminar:“El pasado miércoles quisieron hacer un juicio público para incriminar las tropas, pero se fueron con el rabo entre las piernas. Las tropas siempre deben estar siempre preparadas para cualquier actitud en contra de estas jurídicamente. Hay que tener las armas para contrarrestar cualquier denuncia interpuesta por los bandidos. / Se deben golpear contundentemente, dándolos de baja en combate (…)”, recogió la Sala.

Tras esto, la JEP conoció que quien tocó la idea de llevar a jóvenes de otros departamentos al Catatumbo para asesinarlos fue un soldado llamado Dairo Palomino Ballesteros el 4 de diciembre de 2007, quien le dijo a Álvaro Diego Tamayo Hoyos, entonces comandante del BISAN (otro imputado por la JEP), que conocía a un grupo de ‘bandidos’ en Soacha que podían ayudar a conseguir víctimas, a lo que Tamayo accedió.

Las primeras muertes

Dos días después de esta reunión iniciarían los asesinatos de jóvenes traídos de otros municipios a la subregión del Catatumbo para presentarlos como bajas en combate. Las muertes de Daniel Suárez Martínez, venezolano, y Camilo Andrés Valencia, proveniente de Soacha, el 6 y 7 de diciembre de 2007 respectivamente, fueron rápidamente replicadas en otras unidades militares de la zona. Para esto se solicitó un millón de pesos y una suma adicional para coordinar todo el montaje. En el caso de Daniel, antes de asesinarlo fue esposado a un catre del BISAN y golpeado, además lo interrogaron sobre si conocía de caletas, pero este dijo que no.

Después, el 12 de enero de 2008 miembros del Plan Meteoro, que consistía en implementar unidades militares motorizadas del Ejército y la Armada Nacional del tamaño de una compañía, para responder “(…) de manera inmediata a las alarmas generadas por el sistema de monitoreo y cooperación ciudadana, frente a la inminencia o la ejecución de acciones subversivas”, asesinaron a Fair Leonardo Porras, un joven con discapacidad mental que fue engañado para llegar desde Soacha a Ocaña. Según el testimonio de su madre, su condición no le permitía leer, escribir ni identificar el valor del dinero. De las 13 balas que recibió, dos le destrozaron la cara.

Aunque el BISAN ejecutó esta nueva modalidad desde diciembre, la Brigada Móvil 15 empezó el 27 de enero de 2008 con el asesinato de Jonathan Orlando Soto Bermúdez y Julio César Mesa Vargas, quienes viajaban desde Soacha y Bogotá, respectivamente.“Entonces él me dijo, -eso tiene un valor-, le dije, -que el valor de la información o de lo que se va a hacer, me dijo, -sí, la persona la cual da la información y da las personas hay que pagarles esa información-, y yo le dije, – como así que hay que pagarles-, y me dijo, -sí, cada persona por las cuales se va a hacer la operación, o se da la información vale 1′000.000-, y yo le dije, -pues tengo que comentarle al comandante de la Brigada-. Entonces le comenté al comandante de la brigada y le dije, -la información por los resultados es de 1′000.000 por muerte en combate-, me dijo que no había ningún problema”, fue el testimonio del jefe de operaciones del BRIM15, Gabriel de Jesús Rincón Amado (otro imputado).

Luego, el 9 de febrero de 2008 se dio el asesinato de otros jóvenes de Soacha: Daniel Martínez, Diego Marín y Suven Valencia. Todo esto fue orquestado entre los comandantes, jefes de operaciones y algunos miembros de inteligencia, pero la ayuda principal venía de los terceros civiles que reclutaban a los jóvenes. Estos eran familiares de los comandantes, amigos, miembros de unidades militares y, algunas veces, desmovilizados.

Las labores realizadas por el grupo de reclutadores eran principalmente tres. Primero, elegir las víctimas y engañarlas para viajar al Catatumbo. Segundo, asegurar y acompañar el traslado de los jóvenes por vía terrestre hasta Ocaña. Y tercero, retener a las víctimas y entregarlas a los uniformados en la fecha, hora y lugar determinado por la respectiva unidad militar. Sin embargo, en algunas oportunidades estos terceros civiles cumplieron labores adicionales como la de conseguir armas en el mercado negro para poder legalizar los cuerpos de las víctimas e incluso la de participar en la comisión de la muerte.